Por: María Paula Cediel.
En el dinámico panorama empresarial colombiano, los Joint Ventures (acuerdos de colaboración) han emergido como una figura fundamental desde la apertura económica en los años noventa. A lo largo de estas décadas, estas alianzas estratégicas se han consolidado como mecanismos esenciales que permiten a las empresas tanto compartir sus riesgos y recursos, como aprovechar sinergias del mercado en el que se desarrollen. Es particularmente notable cómo el ordenamiento jurídico colombiano, al no regular específicamente esta figura, ha propiciado una flexibilidad significativa en su implementación, permitiendo que se materialice tanto a través de contratos de colaboración empresarial como mediante la constitución de sociedades, especialmente bajo el modelo de Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.).
No obstante, la flexibilidad mencionada ha traído consigo una serie de desafíos y conflictos inherentes a su naturaleza. En la medida que en la práctica empresarial demuestra que las tensiones comienzan a manifestarse desde las etapas más tempranas de estas colaboraciones, principalmente debido a las diferentes interpretaciones y expectativas que cada socio trae consigo al proyecto.
Así las cosas, resulta pertinente analizar cómo los incumplimientos contractuales surgen desde la primera y más frecuente fuente de conflictos. Por ejemplo, cuando uno de los socios no realiza los aportes prometidos en tiempo y forma, se generan consecuencias que pueden afectar severamente la viabilidad del proyecto. Es importante señalar que estos aportes no se limitan al ámbito financiero; de hecho, muchas veces las contribuciones más controvertidas son aquellas relacionadas con el conocimiento técnico.
Asimismo, las discrepancias operativas resultan como otro punto de tensión. A medida que el Joint Venture se desarrolla, los socios llegan a tener opiniones contrapuestas sobre el alcance de sus responsabilidades o sobre los estándares de calidad que deben mantener; dichas situaciones se tornan especialmente complejas cuando el emprendimiento conjunto opera en sectores altamente regulados o debe cumplir con estándares internacionales.
Por otro lado, el gobierno corporativo representa un terreno particularmente fértil para el surgimiento de conflictos. En ese sentido, la toma de decisiones estratégicas puede verse severamente obstaculizada cuando los socios mantienen visiones fundamentalmente diferentes sobre el rumbo que debe tomar el negocio. No es inusual que estas situaciones de bloqueo o «deadlock» surjan en momentos críticos, como durante la aprobación de presupuestos o al considerar expansiones hacia nuevos mercados.
Igualmente, la gestión de oportunidades comerciales constituyen una área especialmente sensible, dado que surge la cuestión de si una determinada oportunidad de negocio pertenece legítimamente al ámbito del Joint Venture o puede ser aprovechada individualmente por uno de los socios. Lo anterior, llega a un punto más delicado cuando se entra en el terreno del manejo de la información confidencial y la protección a la propiedad intelectual, lo cual deriva en disputas significativas, especialmente durante y después de la terminación de la colaboración.
En cuanto a los aspectos financieros, es notable cómo los desacuerdos sobre la distribución de resultados y la asignación de costos pueden erosionar rápidamente la confianza entre los socios. Por consiguiente, la interpretación de estados financieros, la aplicación de políticas contables y la determinación de precios de transferencia son aspectos que frecuentemente generan controversias significativas.
Finalmente, la terminación del Joint Venture representa un momento crítico en el ciclo de vida de estas alianzas. Toda vez que la valoración de activos, la distribución de la propiedad intelectual desarrollada durante la colaboración y el cumplimiento de las obligaciones post-terminación son aspectos que pueden generar un conflicto mayor una vez termina el negocio.
A la luz de estas consideraciones, resulta evidente que el éxito de un Joint Venture en Colombia depende no solo de su correcta estructuración inicial, sino también de la capacidad de los socios para anticipar y gestionar efectivamente los conflictos que inevitablemente surgirán. Por consiguiente, la implementación de mecanismos claros de resolución de disputas y la construcción de una cultura de diálogo y negociación entre los socios se revelan como elementos fundamentales para la sostenibilidad de estas alianzas estratégicas.
