Margarita Cruz y John Cabarcas.
En el actual panorama tecnológico, el papel de la inteligencia artificial ha adquirido una importancia sin precedentes, transformando la manera en que las naciones abordan cuestiones clave. A medida en que la inteligencia artificial se arraiga cada vez más en diversos sectores, desde la educación hasta la seguridad nacional, es esencial analizar de cerca cómo estas innovaciones tecnológicas están dando forma a las políticas públicas y redefiniendo las estrategias gubernamentales.
Teniendo en cuenta lo anterior, el 30 de octubre del 2023, el Gobierno de los Estados promulgó una Orden Ejecutiva para el Desarrollo y Uso Seguros y Dignos de Confianza de la Inteligencia Artificial, reflejando el compromiso de este gobierno con el avance tecnológico responsable y la búsqueda de un marco jurídico más sólido que pueda garantizar el buen uso de la IA y la seguridad de sus usuarios. En este contexto, exploramos varios elementos clave de la nueva orden ejecutiva de Biden, examinando su relevancia en el contexto del creciente papel de la inteligencia artificial en la sociedad contemporánea y cómo podrían ser aplicados posteriormente en Colombia.
Gran parte de la orden consiste en instrucciones dadas a agencias federales para la creación de regulaciones y pautas sobre IA, dentro de estas destacamos la iniciativa de delegar en el Departamento de Comercio la tarea de desarrollar e implementar la autenticación de contenido creado con inteligencia artificial a través del uso de herramientas como marcas de agua.
La implementación y exigencia de autenticación de contenido mediante marcas de agua en el comercio, particularmente en un contexto donde la inteligencia artificial desempeña un papel significativo en la creación de productos y servicios, genera importantes implicaciones legales y beneficios para los consumidores.
Desde una perspectiva legal, la autenticación de contenido creado con IA podría fortalecer los derechos del consumidor y ofrecer una mayor protección contra la falsificación y la información engañosa. Los consumidores confían en la autenticidad de los productos que adquieren y las marcas de agua podrían servir como un mecanismo confiable para verificar la originalidad y legitimidad de los bienes. Esto, a su vez, podría tener implicaciones en la lucha contra la piratería y la venta de productos falsificados, estableciendo una base legal más sólida para emprender acciones contra la falsificación.
Además, la autenticación de contenido mediante marcas de agua puede traducirse en beneficios tangibles para los consumidores. Al ofrecer una garantía adicional de la autenticidad de un producto, se promueve la confianza del consumidor, fomentando así relaciones más sólidas entre los clientes y los comerciantes. Esta confianza puede ser especialmente relevante en sectores donde la seguridad y la autenticidad son críticas, como la farmacéutica, la moda y la tecnología.
En términos más amplios, la autenticación de contenido también puede contribuir a la protección de la privacidad del consumidor al garantizar que la información generada por inteligencia artificial y utilizada en productos o servicios sea legítima y segura. Esto es especialmente crucial en un entorno digital donde la protección de datos personales es una preocupación constante.
En resumen, la implementación de marcas de agua para autenticar contenido creado con inteligencia artificial en el comercio puede fortalecer la posición legal de los consumidores, proteger sus derechos y ofrecer beneficios tangibles al proporcionar garantías de autenticidad y confianza en los productos y servicios que adquieren.
De otro lado, la orden también solicita al Congreso que apruebe una legislación bipartidista sobre la privacidad de datos con la que se proteja a todos los ciudadanos. Una ley sobre privacidad de datos en relación con la inteligencia artificial podría tener importantes implicaciones legales y ofrecer diversos beneficios para individuos, empresas y la sociedad en general; toda vez que con respecto a los individuos, se podría regular la recopilación, almacenamiento y procesamiento no autorizados de sus datos personales por sistemas de inteligencia artificial; igualmente, la legislación podría exigir una mayor transparencia en la forma en que se recopilan y utilizan los datos, garantizando que los individuos otorguen un consentimiento informado antes de que sus datos sean procesados por sistemas de IA, y con respecto a las empresas, se podrían establecer una responsabilidad legal de las entidades que desarrollan y utilizan tecnologías de inteligencia artificial, fomentando la rendición de cuentas en caso de mal uso o violación de la privacidad.
En relación con el sector educacional, el presidente mencionó el potencial que tiene AI para transformar la educación, en ese sentido, dirigió la creación de recursos que respalden a los educadores en la implementación de herramientas educativas habilitadas por inteligencia artificial, como la tutoría personalizada en las escuelas. Este enfoque podría permitir la adaptación de la enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante, lo que puede mejorar significativamente la efectividad del aprendizaje.
Por último, la orden ejecutiva también abordó los retos y desafíos que los trabajadores podrían enfrentar debido a los avances de la inteligencia artificial. En algunos sectores profesionales, la implementación de la inteligencia artificial podría resultar en una mejora significativa de la productividad, al tiempo que plantea la posibilidad de amenazar la estabilidad de diversos empleos y aumentar la vigilancia laboral. Ante esta perspectiva, el gobierno propone la formulación de principios y buenas prácticas específicas. Estas se enfocarían en mitigar los riesgos asociados y maximizar los beneficios de la inteligencia artificial para los trabajadores. Los aspectos clave a considerar incluyen el desplazamiento laboral, los estándares laborales, la equidad en el lugar de trabajo, la salud y seguridad laboral, así como la recopilación de datos.
El desarrollo de principios legales destinados a abordar los desafíos emergentes para los trabajadores debido a los avances de la inteligencia artificial representa claramente una mayor protección laboral para los trabajadores y conlleva implicaciones significativas y beneficios clave. Desde un punto de vista legal, estos principios proporcionarían un marco normativo que salvaguarda los derechos de los trabajadores, estableciendo pautas para la equidad laboral, la prevención de discriminación y sesgo, y la transparencia en la toma de decisiones automatizadas. En términos de beneficios, estos principios promoverían la equidad laboral, ofreciendo un marco para la adaptabilidad y el desarrollo profesional de los trabajadores. Además, impulsarían la confianza y el bienestar laboral al proporcionar orientación ética para la implementación de tecnologías de inteligencia artificial, asegurando así una integración responsable y sostenible en el entorno laboral.
En conclusión, la Orden Ejecutiva para el Desarrollo y Uso Seguros y Dignos de Confianza de la Inteligencia Artificial, promulgada por el Gobierno de los Estados Unidos, marca un hito significativo en la regulación y orientación ética de la inteligencia artificial. La implementación de medidas como la autenticación de contenido mediante marcas de agua y la búsqueda de legislación sobre privacidad de datos demuestra un compromiso claro con la protección de los consumidores, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial.
La relevancia de esta orden para el futuro panorama regulatorio en Colombia es innegable. A medida que la inteligencia artificial se integra cada vez más en diversos sectores de la sociedad colombiana, desde el comercio hasta la educación y la atención médica, el establecimiento de principios legales sólidos se vuelve esencial. La adopción de enfoques similares podría proporcionar a Colombia un marco jurídico robusto que proteja los derechos de los consumidores, garantice la privacidad de los ciudadanos y promueva prácticas éticas en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial.
La llamada a la legislación bipartidista sobre privacidad de datos también destaca la importancia de abordar cuestiones fundamentales que trascienden las fronteras nacionales. Una legislación de este tipo podría ofrecer una guía valiosa para Colombia, ayudando a establecer normas claras sobre la recopilación y uso de datos en el contexto de la inteligencia artificial.
La orientación hacia la transformación educativa mediante inteligencia artificial también presenta oportunidades significativas para Colombia, donde la mejora de la calidad de la educación es una prioridad. La adaptación de la enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes a través de herramientas de inteligencia artificial podría tener un impacto positivo en el aprendizaje y el desarrollo de habilidades.
Finalmente, la atención a los desafíos laborales asociados con la inteligencia artificial destaca la necesidad de considerar el impacto social y económico de estas tecnologías. La formulación de principios y buenas prácticas específicas para mitigar riesgos y maximizar beneficios podría servir como un modelo valioso para abordar cuestiones similares en Colombia, asegurando una transición laboral más justa y equitativa.
En resumen, la Orden Ejecutiva en cuestión no sólo tiene implicaciones para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en los Estados Unidos, sino que también presenta lecciones valiosas y un ejemplo a seguir para otros países, incluido Colombia, que buscan forjar un futuro digital ético, seguro y beneficioso para sus ciudadanos.
