Por: María Paula Cediel.
En 2025, la importación de gas representó el 8,6 % de la inflación total del país, según cifras del DANE, un dato que expone el peso estructural de esta actividad sobre la economía nacional. Más allá de su impacto en la inflación, el gas se consolida como un insumo estratégico para la seguridad energética colombiana, cuyo abastecimiento continuo debe garantizarse para los hogares, la industria y el sistema productivo en su conjunto. No obstante, esta estabilidad se sostiene sobre una vulnerabilidad creciente, ya que actualmente cerca del 25 % de la demanda nacional depende del gas natural importado, en un contexto en el que la inflación energética golpea con fuerza el bolsillo de los hogares colombianos y agrava las tensiones sociales. Es en este escenario crítico cuando el tablero geopolítico ha dado un giro inesperado, gracias a que la reciente captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero ha removido los cimientos de la política exterior regional y, con ello, ha reavivado la expectativa de reactivar el flujo de gas desde Venezuela. Sin embargo, entre la voluntad política y la realidad de las hornillas colombianas persiste un complejo laberinto técnico, regulatorio y contractual que aún debe ser descifrado.
El giro geopolítico
Hasta hace apenas unas semanas, el acuerdo entre Ecopetrol y PDVSA era un documento en el limbo, limitado por las sanciones OFAC y la desconfianza institucional. Empero, tras la instauración de un gobierno de transición en Caracas, el panorama ha cambiado, pues la flexibilización de las sanciones estadounidenses ya no son una posibilidad remota, sino una negociación en curso. Lo que resulta de vital importancia para Colombia, siempre que se vuelva a tener como objetivo la reactivación del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte (Gasoducto Binacional), una infraestructura de 225 kilómetros que, aunque hoy permanece inactiva y deteriorada, representa la vía más económica para aliviar el déficit de 36.105 millones de MBTU/día que enfrentó Colombia para 2025.
A pesar de ello, el optimismo político choca con la realidad técnica. Diversos expertos y gremios del sector, entre ellos la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), han advertido que el gasoducto requiere una reconstrucción casi total, con ocasión de años de abandono, corrosión y vandalismo que han comprometido la integridad estructural, elevando los costos y los plazos de puesta en operación del gasoducto en cuestión. En este escenario, las estimaciones más realistas sitúan el tiempo necesario para que las primeras moléculas de gas crucen la frontera entre 12 y 15 meses, lo que desplaza el inicio efectivo del suministro hacia 2027, incluso bajo supuestos de rápida coordinación política y regulatoria.
¿Por qué se impactaría favorablemente la canasta energética?
La urgencia de importar gas desde Venezuela no es solo una cuestión de volumen, sino también de precio y de la presión sobre la canasta energética. En 2025, la importación de gas se consolidó como uno de los principales factores de encarecimiento del servicio, con alzas tarifarias de hasta un 32 %, según las proyecciones de Naturgas. Teniendo en cuenta que el Gas Natural Licuado (GNL) que ingresa por la planta de Cartagena permanece atado a referencias internacionales como el Henry Hub, a lo que se suman los costos de licuefacción, transporte marítimo y regasificación, elevando significativamente el precio final para hogares e industria.
Frente a este escenario, la posibilidad de recibir gas por tubería desde el Lago de Maracaibo a través del Gasoducto Binacional representa una oportunidad estratégica para aliviar la presión sobre los precios domésticos; considerando que la importación por ducto eliminaría buena parte de los costos asociados con el GNL, especialmente en logística marítima y regasificación, y podría traducirse en una reducción de costos para los consumidores, tanto residenciales como industriales. Por consiguiente, esta reducción de los costos logísticos del transporte por tubería es uno de los principales atractivos del gas venezolano frente al GNL importado.
El panorama regulatorio para 2026
A diferencia de intentos previos, Colombia cuenta hoy con una normativa más robusta, diseñada precisamente para gestionar la escasez y la dependencia externa. Entre esta, se destaca la Resolución CREG 102 015 de 2025, consolidada como la hoja de ruta del mercado mayorista de gas natural, al permitir la integración de nuevas fuentes de suministro, como el gas importado, mediante esquemas de precios más flexibles y alineados con las señales del mercado. De manera complementaria, la figura de las Cantidades Importadas Disponibles para la Venta (CIDV), introducida mediante la Resolución CREG 102 009 de 2024, habilita un mecanismo que busca garantizar una oferta adicional en momentos de estrechez, trasladando el gas importado al mercado interno con mayor agilidad.
De esta forma, el marco regulatorio actual permitiría el ingreso del recurso por medio del Gasoducto Binacional, así como, que este sea comercializado mediante negociaciones directas y contratos con interrupciones, otorgando la flexibilidad necesaria para un suministro que, en sus primeros meses, podría ser técnica y logísticamente inestable.
Del giro geopolítico a la estabilidad energética
En este contexto, el gas venezolano vuelve al centro del debate no como una solución inmediata, sino como una variable estratégica en un momento de marcada fragilidad energética. No obstante, para que esta oportunidad trascienda el plano político, será indispensable que el giro geopolítico se traduzca en decisiones concretas, como inversiones oportunas, una ejecución técnica realista y reglas contractuales claras. Sólo bajo estas condiciones podrá pasar de ser una expectativa a convertirse en un instrumento efectivo de alivio para la canasta energética.
Así, en un entorno de precios anclados a referencias internacionales y sin margen para esquemas de subsidio implícito, el verdadero desafío para Colombia no será simplemente traer el gas, sino transformar esta oportunidad en estabilidad del suministro, de precios y de política energética en el mediano plazo.
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