Por: Isabela Tobón.
El pasado 14 de enero de 2026, el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 40046, mediante la cual se aprueba y adopta el Plan Nacional de Desarrollo Minero 2024–2035, instrumento que define la hoja de ruta del sector minero colombiano para la próxima década. Con la adopción de este instrumento, el Estado colombiano establece un marco estratégico de largo plazo orientado a ordenar, coordinar y proyectar la actividad minera en un contexto marcado por profundas transformaciones económicas, ambientales, sociales y territoriales. Más allá de su carácter formal, el documento incorpora un conjunto de orientaciones que buscan redefinir la manera en que la minería se inserta en el modelo de desarrollo nacional.
Desde el punto de vista de la planeación pública, se trata de un instrumento integral, indicativo y de carácter permanente, cuyo propósito central es orientar el aprovechamiento de los recursos minerales bajo criterios de sostenibilidad, inclusión y competitividad. Esta concepción implica un desplazamiento respecto de enfoques tradicionales centrados exclusivamente en el crecimiento de la producción minera, para dar paso a una visión más amplia que reconoce la complejidad del sector y su interacción con variables sociales, ambientales, institucionales y territoriales. Bajo esta perspectiva, la minería es entendida como una actividad estratégica que debe contribuir al desarrollo del país de manera equilibrada y responsable.
Entre los aspectos más relevantes se encuentra la definición de una visión de largo plazo para el sector minero, alineada con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con la Política Minera Nacional. Dicha visión plantea la necesidad de consolidar un sector técnicamente sólido, ambientalmente responsable y socialmente legítimo, capaz de generar valor económico y, al mismo tiempo, de respetar los derechos de las comunidades y la integridad de los ecosistemas. Con ello, se busca superar las tensiones históricas entre minería y territorio, mediante una aproximación más articulada entre la planeación sectorial y la planeación territorial.
Asimismo, el instrumento adoptado se destaca por la estructuración de un marco estratégico que articula planes, programas y proyectos del sector. A través de este enfoque, se establecen prioridades claras para la acción estatal, orientadas a fortalecer la institucionalidad minera, mejorar los procesos de ordenamiento y planificación del territorio, promover prácticas responsables en la exploración y explotación de los recursos minerales y asegurar una mayor coordinación entre las entidades que intervienen en las distintas fases del ciclo minero. Este carácter articulador lo convierte en un referente fundamental para la formulación de políticas públicas y para la toma de decisiones administrativas en materia minera.
En relación con el desarrollo minero sostenible, se adopta una concepción amplia e integral del concepto, que trasciende la dimensión ambiental y abarca también aspectos sociales, económicos e institucionales. En particular, se reconoce la importancia de promover un sector incluyente, que tenga en cuenta la diversidad de actores presentes en los territorios, incluidos los pequeños y medianos mineros, las comunidades locales, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. En esta línea, se plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación, diálogo social y articulación territorial como condiciones indispensables para la legitimidad y viabilidad de los proyectos mineros.
Otro aporte significativo consiste en el énfasis puesto en el fortalecimiento de las capacidades del Estado para planificar y gestionar el sector. Se reconoce que una planeación eficaz requiere información geológica, económica, social y ambiental actualizada, confiable y accesible, así como capacidades técnicas e institucionales suficientes para su análisis y utilización. En consecuencia, se promueve el fortalecimiento de los sistemas de información minera, la generación de conocimiento especializado y el uso de herramientas técnicas que permitan una toma de decisiones más informada y coherente con los objetivos de largo plazo del sector.
De igual forma, se incorpora una dimensión de seguimiento y evaluación orientada a garantizar la efectividad y la adaptación del instrumento a lo largo del tiempo. Mediante la definición de indicadores, metas y mecanismos de reporte periódico, se establece un esquema que permite evaluar el grado de avance en la implementación de las políticas y programas propuestos, así como identificar oportunamente la necesidad de ajustes frente a cambios normativos, judiciales, económicos o territoriales. Este enfoque refuerza el carácter dinámico de la planeación minera y su capacidad de responder a contextos cambiantes sin perder coherencia estratégica.
Desde el punto de vista institucional, el alcance del Plan está diseñado para incidir en la actuación de un amplio conjunto de autoridades públicas. No se trata de un instrumento dirigido exclusivamente al Ministerio de Minas y Energía o a la Unidad de Planeación Minero-Energética, sino de un marco orientador que compromete a todas las entidades que, en el ejercicio de sus competencias legales, participan en la planificación, regulación, fomento, fiscalización y seguimiento de la actividad minera. Esta vocación transversal busca reducir la fragmentación institucional y fortalecer la coordinación interinstitucional, uno de los desafíos históricos del sector.
El Plan Nacional de Desarrollo Minero 2024–2035 representa una apuesta ambiciosa por fortalecer la planeación de largo plazo del sector minero colombiano y por dotar al Estado de un marco estratégico más coherente e integral. No obstante, su eficacia real dependerá de la capacidad institucional para traducir sus orientaciones generales en decisiones administrativas concretas, coordinadas y consistentes con la diversidad territorial del país. La amplitud de sus objetivos, la formulación abierta de algunos de sus conceptos centrales y la ausencia de definiciones operativas más precisas plantean interrogantes sobre su aplicabilidad práctica y su impacto efectivo en la resolución de los conflictos que históricamente han acompañado la actividad minera.
El principal desafío del Plan no radica en su diseño conceptual, sino en el riesgo de que sus lineamientos permanezcan en el plano programático si no se acompañan de mecanismos claros de implementación, articulación interinstitucional y control. En este sentido, el Plan abre una oportunidad relevante para repensar la gobernanza minera en Colombia, pero también deja planteada la necesidad de evaluar, a lo largo de su vigencia, si la planeación estratégica adoptada logra incidir de manera efectiva en la toma de decisiones públicas y en la relación entre minería, territorio y desarrollo.
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