Por: Daniela Ramos.
El pasado 19 de junio de 2024, el Congreso de Colombia aprobó el proyecto de Ley por medio del cual se establece la legislación permanente de los Decretos Legislativos 560 y 722 de 2020, asi como los Decretos Reglamentarios 842 y 1332 de 2020, relacionados con la insolvencia empresarial; como los acuerdos de negociación de emergencia, acuerdos de reorganización y el procedimiento de recuperación empresarial; entre las modificaciones más destacadas se encuentran:
Simplificación de los Procedimientos: La nueva ley pretende hacer más accesibles y menos complejos los procesos para que las empresas en crisis puedan reestructurarse. Se busca reducir la burocracia y agilizar las gestiones necesarias para acceder a mecanismos de insolvencia.
Incentivos para la Reestructuración: Se han implementado incentivos para fomentar que las empresas opten por reestructuraciones en lugar de liquidaciones. Esto incluye la posibilidad de negociar deudas con mayor flexibilidad y la extensión de plazos para el pago de obligaciones.
Protección a los Trabajadores: La ley incluye medidas para garantizar que los derechos laborales de los empleados sean protegidos durante los procesos de insolvencia. Esto se traduce en un enfoque equilibrado que busca proteger tanto a los trabajadores como a los acreedores.
Fomento de la Confianza en el Sistema: La legislación también tiene como objetivo fortalecer la confianza en el sistema de insolvencia colombiano al establecer mecanismos más claros y eficientes para la resolución de crisis empresariales.
La aprobación de esta ley es un avance importante mediante la cual se identificó de manera clara la necesidad de adaptar el marco regulatorio a las realidades actuales del entorno empresarial puesto que existen muchas empresas que se encuentran en crisis económica provocada por los efectos de la pandemia de COVID-19, por lo cual se requería la adopción de proceso óptimos, eficaces y sobre todo ágiles que fueron aplicados desde la pandemia hasta el último semestre del 2023, puesto que además de la prevención y organización le permitió a muchas empresas la negociación de deudas y el enfrentamiento los desafíos financieros relacionados con el giro normal de su compañía de la mejor manera y sin necesidad de acudir a la liquidación judicial, fomentando también una recuperación de la economía del país, fortaleciendo su atractivo como destino de inversión.
