Por: Daniel Mateo Velásquez Ramírez.
El conflicto entre Ecopetrol S.A. y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), derivado del cobro de más de nueve billones de pesos por concepto de IVA sobre importaciones de combustibles, ha abierto un debate que trasciende lo financiero. En el fondo, se discute la extensión del poder coercitivo del ente tributario del Estado, el alcance real del principio de legalidad y la seguridad jurídica que debe rodear la actuación de las empresas públicas en materia fiscal.
La administración tributaria sostiene que las operaciones realizadas por Ecopetrol y su filial Reficar deben someterse a la tarifa general del 19 %, bajo la lectura estricta del artículo 459 del Estatuto Tributario. Ecopetrol, sin embargo, tiene una interpretación diferente: que el proceso industrial de refinación modifica la naturaleza del hecho generador y que aplicar retroactivamente esa disposición desborda los límites de la ley. No se trata, entonces, de un simple desacuerdo técnico: se enfrenta la necesidad de definir cómo se concilia la potestad tributaria con los principios de previsibilidad y proporcionalidad.
En estricto sentido jurídico, la legalidad tributaria impide que la autoridad amplíe el alcance de un tributo mediante interpretaciones que alteren su hecho generador o su base gravable. La potestad tributaria no puede depender de criterios cambiantes, ni de lecturas administrativas posteriores a la conducta del contribuyente. Un sistema tributario confiable exige reglas previsibles y estables, de modo que el empresario pueda planificar sus decisiones sin temor a reinterpretaciones posteriores.
El caso, por lo demás, tiene una dimensión institucional innegable. Ecopetrol, aunque se rige por un régimen de contratación propio del derecho privado, es una empresa de participación estatal mayoritaria y con un peso fiscal determinante: actúa al mismo tiempo como uno de los mayores contribuyentes del país y como la principal fuente de ingresos del presupuesto nacional. Esta doble condición —productora de renta pública y sujeto pasivo del tributo— plantea un dilema singular cuando el Estado, en su función recaudadora, ejerce potestad fiscal sobre la misma entidad que sostiene buena parte de su financiación. En tales circunstancias, el ejercicio de la potestad tributaria debería orientarse por criterios de coordinación y coherencia institucional, de manera que las decisiones fiscales no terminen generando tensiones entre entidades públicas, sino fortaleciendo la sostenibilidad patrimonial y la racionalidad económica del propio Estado.
Otro punto de fricción es la aplicación temporal del tributo. Pretender que una nueva interpretación administrativa tenga efectos sobre ejercicios pasados equivale, en la práctica, a desconocer el principio de irretroactividad. La certeza temporal es tan importante como la material: un sistema fiscal que cambia sus criterios hacia el pasado, perjudica la confianza en la institucionalidad tributaria y expone a los contribuyentes —públicos o privados— a un escenario de inseguridad permanente.
Más allá de su desenlace, este litigio ofrece una oportunidad para revisar el equilibrio entre legalidad, coordinación institucional y estabilidad fiscal. La discusión no debe reducirse al monto del impuesto o a la lectura de una norma aislada. Lo que realmente está en juego es la coherencia del Estado como recaudador y como garante de la seguridad jurídica. La legitimidad del poder tributario no se mide por la magnitud del recaudo, sino por la confianza que inspira en quienes lo soportan. En ese equilibrio descansa la fortaleza del sistema tributario colombiano.
