Por: Sebastián Ruiz y Julián Molina.
El sistema penal para adolescentes implementado en la actualidad, abre la brecha a un debate respecto de la efectividad, validez y legitimidad del mismo sistema de enjuiciamiento aún teniendo en cuenta los cambios que éste ha sufrido a lo largo del tiempo y que se ha centrado principalmente en alternativas drásticas como la de otorgar a los menores el mismo tratamiento jurídico- procesal de los mayores de edad, premisa que, desde luego resultó ineficaz por carecer a todas luces de un fundamento teórico . jurídico y empírico que sustentase tan radical cambio.
El sistema de responsabilidad penal para adolescentes enmarca una serie de retos tanto para el legislador como para los jueces y la sociedad en general en punto a determinar los alcances que éste tiene. Bien es sabido que la retribución es el fin por excelencia que cobra vigencia en nuestro sistema penal, fin que, de acuerdo con el Consejo Superior de Política Criminal ha resultado incoherente frente al concepto de Estado Social de Derecho y así mismo se ha tornado carente de sustento para su debida aplicación, de ahí subyace la imperiosa necesidad de hallar un mecanismo eficaz y válido que propenda por disminuir o reducir las cifras de delitos cometidos por menores de edad sea cual sea la causa que los motive, con absoluta independencia de su nivel socioeconómico; bien sabemos que la sociedad desde el marco de segregación y desigualdad ha coadyuvado a aumentar a pasos agigantados esta problemática.
Así, la educación y la pedagogía revisten pilares fundamentales para la rehabilitación social de los menores infractores e inclusive de los que aún no infringen la ley penal toda vez que, bajo el baremo de la pedagogía y la educación impartida desde los primeros instantes, se tiene por cierto que estos factores inciden drásticamente en el raciocinio de los menores sobre quienes recaen estos métodos. Se requiere así; un trabajo mancomunado cuyo objeto no es otro que lograr un fin traducido en la prevención especial positiva, caracterizado por la rehabilitación, por la reinserción y la resocialización del menor, reto que reviste una serie de dificultades pero que a la vez genera un llamado a que las autoridades e instituciones adopten las medidas necesarias para efectivizar y materializar el principio de la última ratio y mínima intervención en el sistema penal para adolescentes.
