Por: Sebastián Ruíz y Julián Molina
La minería ilegal se ha convertido en uno de los principales flagelos que azota a Colombia y a varios países de América Latina. Más allá del grave daño ambiental y social que genera, la minería ilegal está íntimamente ligada con el lavado de activos, conformando un círculo vicioso que alimenta la criminalidad y la violencia. Según se detalla en el documento «Tipologías y señales de alerta relacionadas con el lavado de activos provenientes de la minería ilegal en América Latina y el Caribe», elaborado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, las finanzas derivadas de la minería ilegal representan enormes sumas de dinero ilícito que las organizaciones criminales buscan lavar e inyectar en la economía formal.
En Colombia, la situación es especialmente preocupante. Grupos armados ilegales y bandas criminales han encontrado en la minería ilegal de oro una lucrativa fuente de financiación que en algunos casos ha desplazado incluso al narcotráfico. Estos grupos explotan a comunidades vulnerables, generan violencia, destruyen ecosistemas valiosos y contaminan ríos con mercurio y otros químicos. Pero no se detienen ahí. Como explica el citado informe, recurren a una miríada de tipologías para lavar el dinero ilícito, como el uso de empresas fachada de alta rotación de efectivo, el contrabando de oro, la sobrevaloración de exportaciones, la corrupción de funcionarios y el uso de testaferros y mineros artesanales para simular una minería «legal».
Ante este sombrío panorama, es imperativo que Colombia redoble sus esfuerzos para combatir la minería ilegal y sus delitos conexos como el lavado de activos. La Ley 1658 de 2013 representó un importante avance al establecer disposiciones para controlar la comercialización y el uso de mercurio en la minería. Por su parte, el Código Penal tipifica el delito de exploración y explotación ilícita de minerales en su artículo 332. No obstante, persisten grandes retos en materia de coordinación interinstitucional, cooperación internacional, regulación, capacidad investigativa y judicialización efectiva de estas conductas.
Es clave fortalecer la supervisión de la cadena de suministro de oro, desde la mina hasta la exportación, con especial énfasis en las zonas de frontera. Se debe exigir a todos los actores una estricta debida diligencia y trazabilidad. Las entidades de control y vigilancia, como la DIAN, tienen que aumentar sus capacidades para detectar operaciones sospechosas. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) debe recibir más y mejor información por parte de los sujetos obligados. La Fiscalía y la Policía necesitan crear unidades especializadas con recursos adecuados. Y todo esto tiene que ir acompañado de una decidida voluntad política al más alto nivel.
Solo con un enfoque integral y coordinado, sustentado en inteligencia y cooperación, Colombia podrá desarticular las estructuras criminales que se lucran de la minería ilegal y el lavado de activos. Es una lucha difícil, pero imprescindible para la legalidad, la seguridad y el desarrollo sostenible del país. La minería bien hecha, aquella que cumple con altos estándares y genera desarrollo, sigue siendo bienvenida. Pero la minería criminal que lava dinero y financia el delito no puede tener cabida. Atacarla con determinación es un imperativo ético y legal.
En este contexto, cada tipología y señal de alerta identificada en el informe de la OEA es una herramienta valiosa que las autoridades colombianas deben apropiar y usar de manera efectiva. Conocer los modus operandi del lavado de activos relacionado con la minería ilegal es el primer paso para diseñar estrategias a la medida que permitan detectarlo y desmantelarlo. Colombia tiene el potencial de convertir su riqueza mineral en una verdadera palanca de desarrollo, pero para eso debe librar primero la batalla contra el oro maldito que alimenta la criminalidad. Es una lucha de todos y para todos.
