Por: María Carolina Sampedro.
Colombia dio un paso crucial en la lucha contra el acoso sexual laboral con la promulgación de la Ley 2365 de 2024. Esta norma establece un marco integral de prevención, protección y atención del acoso sexual en el ámbito laboral y educativo, imponiendo nuevas obligaciones para el sector empresarial y las universidades.
La ley, define acoso sexual como todo acto de persecución, hostigamiento o asedio, de carácter o connotación sexual, lasciva o libidinosa. Este acto debe manifestarse por relaciones de poder de orden vertical u horizontal, mediadas por la edad, el sexo, el género, orientación e identidad sexual, la posición laboral, social, o económica, que se dé una o varias veces en contra de otra persona.
De igual manera, la norma establece que el contexto laboral, puede ser independientemente de la naturaleza de la vinculación, las interacciones que tengan los trabajadores, agentes, empleadores, contratistas de prestación de servicios, pasantes, practicantes y demás personas que participen en el contexto laboral como:
- El lugar de trabajo o donde se desarrolle la relación contractual, inclusive en los espacios públicos y privados, físicos y digitales cuando son un espacio para desarrollar las obligaciones asignadas, incluyendo el trabajo en casa, el trabajo remoto y el teletrabajo.
- Los lugares donde se toman los descansos, comidas, instalaciones sanitarias o vestuarios.
- Los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo.
- En el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo o la labor encomendada.
- Los trayectos entre el domicilio y el lugar donde se desarrolla el trabajo o la labor encomendada, si la actividad de acoso fue cometida por alguien del contexto laboral.
- En el alojamiento proporcionado por el empleador, cuando el acoso sexual sea cometido por una persona que haga parte del contexto laboral.
Entre las principales obligaciones que deben asumir las empresas están:
- Implementar políticas internas que incluyan protocolos de atención y rutas claras de denuncia y protección contra el acoso.
- Garantizar los derechos de las víctimas, estableciendo mecanismos preventivos y de atención inmediata.
- Crear un entorno seguro, libre de represalias o censura, y garantizar la confidencialidad de las personas afectadas.
Esta normativa impone sanciones a las empresas que no cumplan con sus disposiciones, haciendo imprescindible una revisión y ajuste de las políticas internas para alinearse con los requerimientos de la Ley 2365 de 2024.
En SavviaLegal, ayudamos a las empresas a estar a la vanguardia en el cumplimiento de esta y otras normativas, minimizando riesgos y asegurando entornos laborales más seguros y equitativos. Nuestra experiencia nos permite ofrecer asesoría especializada para adaptar las políticas corporativas y proteger la sostenibilidad operativa, mientras promovemos el bienestar y la integridad de sus equipos de trabajo.
