Por: Sebastián Ruíz
Los delitos ambientales representan una grave amenaza para la protección del medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales dentro del marco constitucional del derecho fundamental al ambiente sano. Estos delitos revisten consecuencias nocivas, tales como la contaminación de fuentes hídricas, daño en recursos naturales renovables y no renovables, la deforestación masiva, el tráfico ilegal de especies protegidas, entre otros. En ese sentido, el compliance o cumplimiento normativo, emerge como una herramienta que propone imponer límites a la potestad sancionatoria del Estado frente a la persecución penal por la comisión de estos delitos.
Sin embargo, emergen cuestionamientos sobre la verdadera eficacia respecto a la aplicación de la ley y por ende, de la persecución penal frente a todos los actores llamados a responder por la transgresión a bienes jurídicos colectivos como los recursos naturales y el medio ambiente, esto es, personas naturales y jurídicas, esto dentro de la política criminal del Estado colombiano y su compromiso en la lucha contra estos delitos.
En consecuencia, resulta pertinente realizar una crítica frente a la verdadera aplicación tanto de la ley penal descrita para este tipo de delitos como de la política criminal partiendo de una premisa fundamental: El marco de aplicación de la ley 599 de 2000 es insuficiente para prevenir delitos cometidos contra el medio ambiente, máxime cuando el poder punitivo del estado recae, en su mayoría, sobre ciudadanos con recursos económicos limitados que se encuentran en informalidad y no frente a los actores con verdadera capacidad operativa y económica para afectar los recursos naturales.
Los programas de cumplimiento en el área ambiental desempeñan un papel crucial en la prevención de delitos cometidos contra el medio ambiente y los recursos naturales. Al implementar programas efectivos de cumplimiento normativo, las empresas y organizaciones pueden mitigar riesgos legales, reputacionales y financieros, además de contribuir a la protección del medio ambiente. Sin embargo, es necesario abordar los desafíos y limitaciones existentes para fortalecer la aplicación del compliance en esta área. La cooperación entre el sector privado, las autoridades y las organizaciones económicas son esenciales para lograr un impacto significativo en la lucha contra los delitos ambientales.
